El quinquenio perdido. Alan Garcia y fujimori

Peru del 1985 - en adelante 

Las elecciones de 1985 fueron ganadas por el APRA, que por primera vez llegaba al poder sin intermediarios, de la mano de un orador oven y elocuente que gustaba repetir el lema parisino del 68, aquel de “la imaginación al poder”; Alan García Pérez. Su campaña electoral fue impecable: prometió gobernar para todos los peruanos, mostro un Apra sin rencores históricos y ganosos de conjuntar esfuerzos. En el acto de transmisión de mando no pudo dejar de señalarse que habían corrido cuarenta años en el Perú desde que un Presidente legítimamente elegido entregaba el poder elegido a otro elegido también de acuerdo a la Constitución.

El nuevo presidente no había presentado, sin embargo un plan de gobierno y permitió que se tejieran distintas imágenes sobre lo que sería un régimen. Tras el fracaso económico reformismo belaundista y ante la división — y para algunos la amenaza —de la izquierda tradicional, confundida por el fenómeno subversivo, el abogado y activista político García no tuvo rivales reales. Gano las elecciones por una abrumadora mayoría de 46 por ciento de la votación emitida y a sus treintiseis años se convirtió en el primer Presidente aprista del país y el más joven de la historia de la república peruana.

Desde comienzo García mostro  que le sobraba energía y elocuencia. Infatigable orador, García aprovechaba cuanta oportunidad  se le presentaba —o a veces las creaba desde el balcón de Palacio de gobierno para dirigir encendidos discursos, generalmente televisados, que parecían, más los de un candidato que los de un gobernante. La protección a la industria nacional fue incrementada con altos aranceles controles de importación y prohibiciones. La inflación que en los años finales del gobierno de Belaunde había rondado el cien por ciento anual, trato de ser combatida de manera “heterodoxa”, con controles de precios, devaluaciones selectivas y congelamientos del tipo oficial de cambio. Llego a existir un abanico de mas de media docena de tipos de cambio, según el uso que diera a las divisas. Estas parecían entonces medidas intervencionistas permisibles, dad la fuerte presencia del Estado en la economía. El sol fue remplazado como moneda nacional por el “inti” (mil soles se refundieron en un inti”). El déficit fiscal creció; Alva Castro renuncio por discrepancias. El pago de la deuda externa  fue desafiante y unilateral reducido y unilateralmente reducido a una proporción del 10 por ciento de las exportaciones, lo que implicaba dejarla en gran parte impagada.

García a verse opacado por la oposición política y económica de la derecha se sumo la cíclica escasez de divisas de la economía peruana, agudizada en esta ocasión por el aislamiento internacional. Reapareció la inflación que esta ocasión llego a desbocarse hasta los inéditos cuatro dígitos. En los últimos meses del gobierno de García la inflación subía a un promedio de 2 por ciento cada día y 70 por ciento cada mes .
La inflación o mejor dicho la hiperinflación, acumulada que dejo el gobierno fue de más de dos millones por ciento. Con el dinero que en 1985 uno hubiera podido adquirir una lujosa residencia, en 1990 solo alcanzaba para comprar un tubo de pasta dental. Con la hiperinflación desapareció el crédito  de consumo se retrajo el comercio, aumento el desempleo y extendió la pobreza critica. La nueva unidad monetaria nacional, que había empezado su vida con un cambio de trece intis por dólar, bajo en julio de 1990 a un valor de 1975 mil dólares. El estado trato de palidar la situación con subsidios selectivos y más controles de precios aumentando el número de empleados públicos, que llegaron a superar el millón sin contar las Fuerzas Armadas, pero con sueldos bajísimos. Como producto de ello se extendió la recesión, la pobreza y el virtual colapso de los servicios del estado.

Gobierno de Alberto Fujimori

Resulta difícil enjuiciar la década de 1990 en términos históricos, puesto que se trata de un periodo aun en curso y que, por lo mismo, no ha cerrado su ciclo histórico. Las paginas que siguen deben considerarse por ello como un balance solo muy preliminar.
A pesar de ello puede adelantarse que los años noventa han significado una profunda transformación del Perú al punto que podemos aventurarnos a señalar que la presente década ha venido a cerrar el ciclo abierto con los golpes  militares de los años sesenta, que dieron paso al estado desarrollista.

La década de 1990 estuvo marcada en términos políticos por el prolongado gobierno de Alberto Fujimori, quien aunque promovió la fundación de hasta cuatro agrupaciones políticas tras su régimen, encabeza una administración bastante personalizada en el mismo y un pequeño grupo de asesores.

También  en las áreas de las políticas sociales, como salud y educación y bajo la asesoría de organismos como el Banco Mundial, se llevaron adelante nuevas prácticas estatales, como el subsidio a la demanda, la focalización de los gastos en los grupos más necesitados, el cofinanciamiento o autofinanciamiento de los servicios públicos, la preocupación por los costos y al efectividad , la creación de seguros por grupos vulnerables (como la niñez), la privatización parcial y el financiamiento externo de proyectos.

El Autogolpe de 1992

Fujimori había ganado la presidencia pero el Congreso era un  mosaico de posiciones contradictorias a veces unidas para oponerse al régimen , entre lo que se encontraban los parlamentarios elegidos en las listas del ahora de integrado FREDEMO que acaudillo Vargas Llosa, y los del Apra; varios izquierdistas habían conseguido también conservar sus curules. Nuevamente comenzó a presentarse un impase entre Ejecutivo y Parlamento que podía atar de manos a un  programa de reformas. La constitución de 1979 no preveía una disolución del Congreso como remedio, Fujimori, quien en verdad carecía de organización partidaria, busco el respaldo de los militares y procedió al  “Autogolpe” del 5 de abril de 1992. Congreso, Ministerio Publico, Poder Judicial, gobiernos y parlamentos regionales y otros organismos de una sostenibilidad institucional del Estado y aun de los propios cambios que había aplicado el gobierno.
En efecto combinado del autoritarismo del gobierno, la lucha antiterrorista y las reformas  estructurales  dejaron desconcertados a la los líderes políticos de la oposición que no encontraron forma de mantener la organicidad de sus movimientos. El país entro entonces en una etapa donde en un régimen democrático formal, los partidos políticos tenían cada vez menos importancia. El propio Presidente no desperdiciaba oportunidad para atacarlos, ni se preocupaba él ismo de construir un parido propio que apoyase su programa de reformas.

La privatización:

En 1991 la gestión de Boloña había emprendido la privatización de los sectores productivos y de los servicios públicos lo que llevo al reingreso de las compañías extranjeras a la minería, el comercio ( se difundieron los grandes almacenes de consumo), la banca, la industria de alimentos e incluso a sectores como las comunicaciones y el transporte . Entre 1991 y 1998 se privatizo empresas (o acciones que el Estado tenía en empresas) por un valor  de 8.650 millones de dólares. Solo en minería las ventas sumaron 1.233 mdd. Destacaron la venta de Tintaya (269 mdd) a un consorcio de EEUU y Australia, Quicay (203 mdd), comprada por una empresa canadiense, las refinerías de Cajamarquilla  y la Oroya.

La política del gobierno de 1996 en adelante se volcó al plan de la reelección.
Los medios de comunicaciones  en especial la televisión, y todos los espacios que pudieran ser sedes de organización de alternativas de gobierno como las universidades públicas, fueron copados o directamente intervenidos. El ministerio de la Presidencia, creado durante el primer periodo, concentro crecientemente la mayor parte del gasto social  y de inversión  del Estado, en niveles que recordaban  los peores momentos del centralismo de la historia de la república .